Manifiesto feminista sobre los PGE 2017

La acción contra la discriminación y la violencia ¿cuestión de estado?

El Gobierno ha presentado el 4 de abril de 2017 el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, los primeros de una nueva legislatura (2017-2020) sin mayoría parlamentaria. Prevé un aumento de los precios del 1,5% y del 4,1% en el PIB (3,6% en 2016). Los PGE consolidados (incluyendo la Seguridad Social y otros organismos autónomos estatales) de gastos ascienden a 443.133 millones de euros, 9.566 euros/año por habitante, un 1,5% más que en 2016. El 40% es para pensiones, 27,2% para intereses y amortizaciones de préstamos y 9,3% transferencias a Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El de ingresos asciende a 292.091 millones de euros, 280.212 millones no financieros (el 88,2 % por impuestos y cotizaciones sociales), que bajan el 2,6%, y 11.879 millones por la emisión de deuda pública, que crece un 4,2%.

 

Estos PGE reflejan un modelo económico basado en actividades productivas poco intensivas en tecnología, depredadoras del medio ambiente, que no atiende las necesidades sociales y que agrava los problemas de desigualdad social, particularmente la desigualdad entre hombres y mujeres; todo ello con desastrosas consecuencias para la economía y para la sociedad.
1) El gasto social no solo es escaso sino que potencia una estructura laboral/familiar atravesada por la división sexual del trabajo: un mercado de trabajo altamente segregado por sexos (vertical y horizontalmente) y una familia en la que los hombres se ven presionados a mantenerse alejados de los cuidados y las mujeres presionadas a abandonar sus empleos para cuidar en el seno del hogar.
- Sigue relegando los servicios públicos. Es significativo, por ejemplo, que la aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (1.355 millones de euros) sea inferior a su gasto en desgravaciones y prestaciones para el cuidado ‘familiar’ de dependientes en el hogar.
- Mantiene la imposibilidad de que los hombres cuiden en igualdad con las mujeres. Es significativo que el permiso de paternidad, presupuestado en 439 millones de euros, sea aún la cuarta parte que el de maternidad (4 semanas frente a 16 semanas).
- Mantiene los incentivos a que las mujeres casadas abandonen sus puestos en el empleo formal, por ejemplo, al presupuestar 1.115 millones de euros para desgravaciones por tributación conjunta en el IRPF.
2) Este sistema es antisocial, ineficiente e insostenible:
- Es antisocial: no garantiza el derecho de la infancia a la educación; ni el de todas las personas dependientes a una atención suficiente mediante servicios públicos; ni el de las mujeres y todas las personas adultas a un ingreso digno que les permita ser independientes económicamente.
- Es ineficiente: despilfarra el capital de empleo de las mujeres y el capital cuidador de los hombres; favorece la economía sumergida y causa estragos en las familias y en la sociedad. Las partidas destinadas a compensar estos efectos son inferiores, no compensan el desastroso efecto de los incentivos a la retirada de las madres del empleo, y no serían necesarias si se atajaran las causas de la desigualdad.
- Es insostenible: agrava la crisis demográfica, pues no permite a las mujeres ser madres sin tener que renunciar al empleo y/o a la promoción. Y agrava también la crisis ecológica, al potenciar actividades contaminantes en lugar de actividades relacionadas con el estado del bienestar, las cuales constituyen el mayor yacimiento de empleos limpios y no deslocalizables.

El Informe Oficial de Impacto de Género adjunto por 9º año al Proyecto de Presupuestos 2017
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/ProyectoPGE/Paginas/ProyectoPGE2017.aspx
sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios analizados, cuestión esencial del presupuesto, y se refiere a los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016 ya finalizado, además de omitir la valoración del impacto de género de los tributos y otros ingresos, y de la mayoría de los gastos, en particular los de Seguridad Social, ignorando la brecha de género en las pensiones, y los de atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia.

Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres:

1.- El presupuesto del medio millón de empleos y los 4,2 millones de desempleos

Según el Gobierno, en 2017 se crearán 506.000 empleos. Todos los objetivos de personas beneficiarias de medidas de fomento del empleo o protección por desempleo no están desglosados por sexos, incumpliendo el art. 20 de la Ley O. 3/2007 de Igualdad.

El programa 241A Fomento de la inserción y de la estabilidad laboral tiene 5.488 millones de euros, un 6% más que en 2016, para actuaciones de inserción, incentivos a la contratación y a formación. El número de contratos previstos en 2017 para mujeres víctimas de violencia -1.000 contratos- es irrisorio, tanto en relación a los 736.500 contratos bonificados que prevé este programa, como en relación a las 140.000 mujeres denunciantes de violencia, de las que se estima que el 40% dependen económicamente de su agresor.

El programa 251M Prestaciones por desempleo, con 18.318 millones de euros, baja un 7,6%, después de haberse recortado un 22% en 2016. Sus objetivos son 711.723 beneficiarios de prestaciones contributivas y 1.118.625 beneficiarios de subsidio de desempleo, subsidio eventual agrario y renta activa de inserción. La disminución no es proporcional a la previsión de disminución del paro, sino a la de que cada haya menos personas paradas que tengan cobertura, pues la precariedad laboral impuesta por las reformas laborales impide acceder a las prestaciones. Así se mantiene en 2016 la tendencia descendente observada en la tasa de cobertura que se sitúa en el 56,6% cuando en 2008, al inicio de la crisis se situaba en el 74,8%.

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