Pensiones y otras lindezas.

Por | Gaspar Llamazares.

El gobernador del Banco de España propone que los trabajadores ganen menos, coticen más, se jubilen más tarde y suscriban planes privados de pensiones. Estrategia que encuentra el campo abonado en la ofensiva neoliberal contra el Estado de Bienestar.

 

Mientras Luis María Linde predica para otros moderación salarial, su retribución ha aumentado un 5,8% y cobrará una pensión del 80% del salario durante dos años tras su cese, unos 140.000 euros anuales.

El gobernador vaticina el hundimiento del sistema si los trabajadores no corren a contratar fondos privados, pese a que reconoce que no son eficientes por su alto coste: de las 500 ofertas de planes, sólo dos han sido rentables en 2016 para sus titulares, aunque los bancos ganaron 130 millones de euros por gestionarlos.

Su propuesta estrella consiste en retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, cuando en España la edad real de retiro se acerca a la nominal, 64,10 de promedio en 2016, una de las más altas de Europa. Sólo un 5% de los trabajadores de 65 a 69 años siguen en activo, tasa similar a la de Francia, Bélgica o Luxemburgo y el 50% de los mayores de 55 años están desempleados, muchos en situación económica muy precaria.

Acercar a 70 la edad de jubilación cerraría además el paso al empleo juvenil, cuando registramos una tasa récord de paro en Europa del 43%. Aconsejar a la juventud que ahorre en planes de pensiones es humor negro. La mayoría de los que trabajan apenas llegan a mileuristas. En general, ¿de dónde van a sacar los trabajadores dinero para contratar planes privados si no llegan a fin de mes? 540.041 parados de larga duración han rescatado sus planes desde 2010. El 65% que aún los poseen no aportaron nada al mismo en 2016.

Linde va más allá de las reformas de PSOE y PP. En 2011 se fijó un aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027; en 2013 se introdujo el factor de sostenibilidad de las pensiones y se desvinculó su evolución del Índice de Precios al Consumo desde 2019, caso único en Europa. Estos recortes reducirán la tasa de reemplazo del último salario del 30 al 50% en los próximos años (el porcentaje que un jubilado cobra en relación al último salario ya ha bajado del 81% al 73% tras la reforma de 2011). Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) los nuevos jubilados perderán un 30% de su poder adquisitivo en 20 años. Con la paupérrima subida del 0,25% anual impuesta por el PP, las pensiones perderán este año más de un 2% de poder adquisitivo con una inflación prevista del 3%.

No gastamos en pensiones de manera desproporcionada: ni la mitad de lo que cobran alemanes o franceses. El déficit de la Seguridad Social se debe ante todo a las reformas laborales y a la devaluación salarial.

Los cálculos se realizan a 30 años vista, años marcados por gigantescos cambios en la economía digital y la robotización del sistema productivo. De hecho, el Parlamento Europeo ya plantea que las empresas coticen a la Seguridad Social por los robots y que se establezca una fiscalidad sobre la innovación tecnológica.

La sostenibilidad de las pensiones no está tanto en los gastos como en los ingresos. La Universidad de Granada estima que un incremento de un 4,5% en la productividad laboral bastaría para equilibrar el sistema. Esta pandemia se cura con más y mejor empleo, mejores salarios y pensiones que incentivarán el consumo e incrementarán los ingresos por cotizaciones y recaudación fiscal.

La viabilidad del sistema público de pensiones pasa por derogar las reformas laborales regresivas; aumentar las bases de cotización y el Salario Mínimo Interprofesional; eliminar el tope de cotización que privilegia a altos salarios; traspasar a Hacienda las pensiones no contributivas, las exenciones, tarifas planas de cotización y bonificaciones. Además, los Presupuestos Generales del Estado deberán aumentar sus aportaciones vía impuestos para complementar el sistema: estamos muy lejos del 15% del PIB que manejan países europeos de nuestro entorno.

Trabajar hasta el borde de la tumba… ¿Dónde queda el derecho al descanso, a disfrutar del último tramo de nuestra existencia? El Estado está obligado, por el artículo 50 de la Constitución, a garantizar “la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Los bancos no, que solo entienden de negocio.

 

Publicado en nuevatibuna.es

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