IzAb exige un cambio YA en el modelo del sector eléctrico

Izquierda Abierta (IzAb) se suma a todas las voces de protesta contra el modelo de gestión de las eléctricas en España que permite tarificaciones abusivas, como estamos sufriendo las y los consumidores justo en los días del año en que la energía se hace más necesaria para afrontar las bajas temperaturas. Se nos han explicado las causas de por qué vamos a pagar facturas aún más desorbitantes relacionándolas con el aumento del precio de los combustibles fósiles por cuestiones meteorológicas (ausencia de viento y lluvias).

Verdades a medias para justificar la falta de escrúpulos y vergüenza del Gobierno de Mariano Rajoy, que no solo no pone límites en un mercado liberalizado –recordemos que fue José María Aznar quien privatizó Endesa, después de que Felipe González abriera camino con sus privatizaciones parciales-, sino que favorece que año tras año estas compañías aumenten sus beneficios gracias a la manipulación del mismo. Frente a esto, IzAb exige un cambio de modelo que garantice la defensa del consumidor final, dado que consideramos un derecho básico el poder acceder al suministro energético que garantice unos mínimos de vida dignos. Ese cambio de modelo que impida la pobreza energética implica fortalecer la intervención del Estado en el sector y modificar por completo su regulación.
La estafa se remonta a la Ley del Sector Eléctrico de 1997. La progresiva y mal denominada liberalización del mercado –pues más de la mitad de los costes están regularizados- ha significado que en la actualidad el 80% de la potencia eléctrica instalada en el país siga en manos UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica): Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP Hidrocantábrico. Potencia que, por otro lado, se ha ido incrementando hasta ser más del doble de la necesaria en los momentos de mayor demanda. Al problema estructural de un mercado que concentra la oferta en pocas manos e integrado de forma vertical, hay que sumarle la debilidad de la autoridad regulatoria y la imposibilidad de planificación de acuerdo a las necesidades reales del país. Aquí entra el papel de la CNMV, que debiera ser reforzado e independizado frente a la autoridad de la que gozan tanto las eléctricas como el poder ejecutivo. Los precios escandalosos que reflejan nuestras facturas de la luz están avalados por un sistema de regulación que funciona desde una perspectiva neoliberal que solo entiende a la ciudadanía como clienta.


Otra demostración de que nuestra crisis es su estafa (la de sucesivos gobiernos aliados con las energéticas), y de acuerdo con análisis realizados por CCOO, colectivos como Economistas Frente a La Crisis, Economistas en Acción o la plataforma Nomáscortesdeluz.org, entre otros, IzAb sugiere cambios radicales en el modelo del sector eléctrico que han de partir necesariamente del Gobierno, así como el impulso por parte de la ciudadanía de iniciativas que caminen hacia otros modelos de consumo. Se resumen fundamentalmente en que:


-El Estado reasuma responsabilidades y funciones que ha ido perdiendo y actúe en favor del conjunto de las y los consumidores, garantizando tarifas que reflejen costes reales y no sobre remuneraciones a las eléctricas; determinando el mix energético; fijando índices de cobertura de la demanda; coordinando a los operadores de gas y electricidad; fortaleciendo a los órganos reguladores para garantizar la supervisión correcta de las empresas de suministro eléctrico; revisando concesiones, etc.


-Ante el acuerdo pospuesto a primavera entre Gobierno y PSOE de establecer una tarifa social para luchar contra la pobreza energética, reclamamos su reconsideración urgente. Hay que actuar ya. Es urgente una tarifa que garantice el suministro esencial y regule la vulnerabilidad.


-Desde la ciudadanía, las fuerzas políticas progresistas y otros colectivos sociales fomentemos alternativas que transiten hacia un sistema más justo y sostenible, independiente del oligopolio actual, como las cooperativas de consumo o el propio autoconsumo.


El hecho de que en nuestro país cada vez sean más las familias que tengan que renunciar a poner la calefacción o, lo que es peor, a encender una bombilla o utilizar agua caliente, es una circunstancia vergonzante. Desde IzAb consideramos que el acceso a la energía debe ser contemplado como un derecho básico y es obligación del Ejecutivo garantizar el suministro, independientemente de los niveles de renta.

IzAb en Diario 16

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